Varias empresas fueron imputadas por incumplimientos en los plazos de entrega de ventas por Internet
Buenos Aires.-Dos empresas multinacionales y cuatro supermercados fueron imputados por presuntas infracciones a la Ley Defensa del Consumidor por incumplir con la entrega de sus ventas en línea y brindar información engañosa durante la emergencia sanitaria, informó hoy el Ministerio de Desarrollo Productivo.
Se trata de Musimundo, Falabella y los supermercados Disco, Vea, Jumbo y Coto. Según las denuncias que recibió la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), esas firmas no cumplieron con las fechas pactadas para la entrega de los productos y operaron sin previo aviso o información al consumidor.
En el caso de repactar el envío, fue denunciado que volvieron a incumplir, o terminaron pidiendo al comprador que retirase los productos en la sucursal, indicó la cartera productiva.
También incurrieron en supuesta información engañosa al advertir los consumidores, a través de avisos en sus páginas oficiales, que debido a las restricciones de circulación podían sufrir demoras en las entregas.
Sin embargo, las empresas poseen autorización para circular y realizar las entregas a domicilio, y son las que establecen los plazos y formas de distribución, ya que el consumidor sólo se limita a elegir entre las opciones informadas, aclaró el Ministerio.
Aseguró que, según la Ley de Defensa del Consumidor, informar un plazo de entrega cierto es una obligación para todos los proveedores, incluso durante la cuarentena, y las leyendas o cláusulas que adviertan sobre posibles incumplimientos son abusivas y no están permitidas.
Las denuncias fueron ingresadas a través de la Ventanilla énica de Reclamos de Defensa de Consumidor y el COPREC, donde los usuarios refieren a la falta de obtención de respuestas por parte de las firmas.
“En el marco de la emergencia sanitaria y el aislamiento social preventivo y obligatorio, estas conductas colocan a las y los consumidores en situaciones de mayor vulnerabilidad y los deja a merced de plazos de entrega indefinidos”, alertó el Gobierno.
Sostuvo que también “inducen a error a los consumidores acerca de cuáles son sus derechos y, por lo tanto, pretenden desalentar los reclamos para que ellos puedan ejercerlo”.
Tras la imputación, las empresas pueden realizar su descargo y la SSADC determinará las sanciones que correspondan.